El Estado ¿omnipotente?

Es un hecho innegable que  durante los últimos 12 años hemos vivido en un régimen político que pretende controlar todas las áreas de la vida social y económica del país. Si bien el socialismo del Siglo XXI ha intentado presentarse como distinto al comunismo del Siglo XX por estar basado en el “árbol de las tres raíces”, la gestión pública ha distado poco de lo que podría haber hecho cualquier líder del otro lado de la cortina de hierro durante el pasado siglo.

En lo económico es quizás donde puede observarse más claramente: expropiaciones  e invasiones de terrenos en el área rural, nacionalizaciones de empresas venezolanas  y extranjeras de muy diversa naturaleza, cierres de medios de comunicación, aprobación de medidas legales y administrativas (desde la LOPCYMAT hasta los requisitos de CADIVI) que facilitan el control de las empresas privadas que siguen en pie. Todo lo anterior ha redundado en una multiplicidad de llamados en defensa de la libertad individual y la propiedad privada, ciertamente hoy amenazadas. Pero nuestro Estado pretende ir aún más allá y legisla sobre cómo debemos mencionar el color de la piel de nuestro prójimo, por mencionar sólo una de las iniciativas más recientes.

He estado releyendo “La generación de relevo vs. El Estado omnipotente”. Cuando lo leí por primera vez era una adolescente, tocada como todos por la crisis de los ochenta, pero sin entender demasiado lo que pasaba alrededor a pesar de leer con ávida curiosidad cuanto se escribía sobre nuestra coyuntura nacional. Lo que más me impresiona al revisar este texto más de 25 años después de su publicación es que sólo hace falta actualizar las siglas que identifican a los diversos organismos oficiales que se citan como ejemplo, porque la descripción del papel del Estado entonces no dista mucho del actual. Me pregunto si la percepción del ciudadano en aquella época era semejante a la de hoy, haría falta que me echara su cuento alguien que no fuera tan joven como yo en los tempranos ochenta.

Pero mi intención ahora no es redundar en la defensa de las libertades individuales, porque hay quienes lo hacen y probablemente mucho mejor que yo. Mi punto es que la omnipotencia del Estado venezolano es una ficción. Mi preocupación no es su excesiva fuerza o poder, sino por el contrario, su extrema debilidad.

La primera gran inquietud tiene que ver con la violencia e inseguridad en la que viven los venezolanos. Si tomamos la definición de Max Weber, el  Estado es la institución que monopoliza el uso legítimo de la violencia. En la actualidad, el Estado no sólo es incapaz de contener la gran violencia asociada a los actos delictivos, identificando a los malhechores para luego juzgarlos y sancionarlos de acuerdo a lo que establecen nuestras leyes. Por si lo anterior fuera poco, el Estado además debe compartir la tarea de salvaguardar la integridad de los ciudadanos con una creciente y próspera industria de la seguridad privada. Criminalidad creciente y privatización de la violencia legítima… ¡no parece omnipotente nuestro Estado en la más central de sus atribuciones!

Pero la debilidad de nuestro Estado es aún más evidente en los desastrosos resultados de su gestión: además de haber paralizado o quebrado casi toda aquella empresa que ha nacionalizado, la pobre ejecución se extiende a la construcción y mantenimiento de infraestructura, una de cuyas pruebas más dramáticas está en la crisis del sistema eléctrico nacional, que ya sabemos independiente de los vaivenes del clima o del gusto de ciertos reptiles por los cables de alta tensión.

La distancia entre lo que nuestro débil Estado legisla y la realidad se hace más dolorosa en lo que a los derechos sociales se refiere: no todos los ciudadanos acceden a servicios de salud, educación y seguridad social, tal como lo prevé nuestra constitución. No todos cuentan con un empleo digno. Muchos siguen esperando tener una vivienda. Y podríamos seguir con una larga enumeración de obligaciones pendientes.

En resumidas cuentas, a pesar de que pueda resultar contradictorio en un ambiente de alto intervencionismo estatal, la propuesta es que nuestro Estado no necesita ser desmantelado, sino fortalecido. Muchos de nuestros problemas requieren de una institucionalidad pública más sólida y eficaz. Repensar la función pública desde esta óptica es la principal tarea de cualquier opción que pretenda ser una alternativa para el futuro.