Advertencia: Se ha determinado que el contenido de esta nota es políticamente incorrecto y que su lectura puede resultar perjudicial para la claridad ideológica. Se recomienda precaución.
Uno de los principales slogan desde los comienzos del actual gobierno es la “democracia participativa y protagónica”, tema central de la propuesta del chavismo de la Constitución de 1999. La construcción de nuevos mecanismos de participación ciudadana se considera en este discurso como un elemento indispensable para superar las limitaciones de la democracia burguesa, donde prevalecen las instancias de representación. Esta declaración no se ha quedado en la formalidad de la legislación, sino que con el correr de los años se han ido creando distintos mecanismos para cumplir este precepto constitucional, desde comités locales de planificación pública, los comités de tierras urbanas hasta los actuales consejos comunales.
Debo aclarar que no tengo ninguna objeción de principios en contra del empoderamiento ciudadano, especialmente de los sectores populares. De hecho, hay experiencias exitosas de participación en la gestión de políticas públicas locales, tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, la participación en este ámbito tiene sus límites por los altos costos que implica, tanto a nivel de los beneficiarios de los servicios como en la eventual dificultad para la oportuna toma de decisiones y el uso eficiente de los recursos. Esto está suficientemente descrito en la literatura especializada, así que no hace falta extenderse.
Mi principal preocupación en este tema refiere a otro punto, que tiene que ver que la ejecución de políticas públicas basadas en este principio, sobre todo aquellas orientadas a la dotación de servicios básicos, pueden resultar en una profundización de las inequidades. Para ilustrar este punto, les pediré que me acompañen en un pequeño ejercicio de simulación.
Imaginemos que usted es un ciudadano de clase media, residente de una zona urbana consolidada de Caracas. ¿Qué debe hacer para obtener agua corriente en su casa? En primer lugar, tener un contrato con Hidrocapital, pagar oportunamente su factura y abrir cualquiera de los grifos que están en su vivienda… que están allí antes de que usted la comprara o alquilara, sea nueva o de segunda mano.
Imaginemos ahora que usted es residente de una zona popular como, por ejemplo, Filas de Mariche. ¿Qué debe hacer para obtener agua corriente en su casa? En primer lugar, aunque quisiera no puede tener un contrato con Hidrocapital porque su vivienda no aparece en ningún catastro, más aún, porque usted no tiene ningún documento que lo acredite como propietario de la vivienda aún cuando haya comprado y colocado con sus manos cada cabilla, ladrillo y plancha de zinc de las que está compuesta. Si usted es de los privilegiados, que construyó entre los primeros y cerca de una tubería, es probable que hasta su casa llegue una toma de agua, pero sólo saldrá agua al abrir un grifo cada 15 o 20 días. Como su capacidad de almacenar el preciado líquido es limitada, el resto del tiempo deberá cargar tobos hasta algún camión cisterna de los que vende agua en su barrio, a quien le pagará al menos 10 veces más de lo que paga cualquier mansión de La Lagunita.
Supongamos ahora que usted considera esta última situación incómoda o injusta. Pues para usted se han creado muchas alternativas de solución a su problema. Puede usted convencer a sus vecinos para crear una Mesa Técnica de Agua o un Consejo Comunal, hacer un censo para conocer la población necesitada del servicio y formular un proyecto para construir la infraestructura requerida. Cuando todo lo anterior esté listo, sólo tiene que ir a la instancia competente, solicitar los recursos y luego ejecutar el proyecto. El pueblo soberano se apropia de su problema y por sí mismo lo soluciona. Suena fácil, ¿no?
Señores: Hidrocapital sabe dónde tiene tuberías de aguas blancas y negras. Con la información de los censos, sabemos dónde residen nuestros habitantes. El sector público sabe (o, al menos, puede saber) qué población no tiene acceso a los servicios básicos de saneamiento, ¡no necesita el censo de un consejo comunal para saberlo!
Pero el asunto no es sólo que el producto obtenido por ese consejo comunal luego de mucho esfuerzo es redundante. Lo realmente duro es que cuando el diseño de las políticas de intervención social se basa exclusivamente en este mecanismo participativo, es muy fácil terminar culpando a la víctima: una comunidad no tiene acueducto, escuela o dispensario médico porque no se ha organizado, porque no participa. Una elegante manera de eludir la responsabilidad pública.
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