¿Y la gente?

Frente a este ajuste económico, que no es un "paquete", ¿cómo queda la gente?

Las descripciones más usuales en la literatura nacional de cómo influye la renta petrolera en el funcionamiento del sistema político democrático solían incluir dos aristas: 1) la inexistencia de las pugnas distributivas típicas de otros sistema políticos (quién financia el costo de los beneficios y programas de distinta índole) posibilitaba una menor conflictividad social y contribuía, por tanto, a la estabilidad democrática; 2) el principal arreglo de este sistema político se basaba en que el estado distribuía renta petrolera a diversos sectores sociales y económicos a cambio de apoyo, expresado en votos. Lo que se omitía en muchos de estos análisis es el peligro para la democracia que resulta de la autonomía financiera del estado petrolero: si no necesita de los ciudadanos para sostenerse, ¿por qué tendría obligación de rendirles cuentas u ocuparse de sus necesidades?

La nueva Constitución de 1999 se proponía, justamente, que la participación popular en la política fuera más allá del ejercicio del voto cada cinco años, por ello se estableció la “democracia participativa y protagónica”. Después de 14 años de haber sido promulgada, podemos hacer balance de si este nuevo ordenamiento legal efectivamente ha cambiado el funcionamiento de nuestro sistema político. ¿Cómo se distribuye ahora la renta petrolera? Al igual que en el sistema establecido a partir de 1958, la renta sirve tanto a la acumulación en empresas y empresarios, como a la distribución de beneficios en la población. Sin embargo, se ha acentuado que las  transferencias están vinculadas de forma directa con la obtención de apoyo político, a tal punto, que todas las iniciativas sociales por las que el gobierno ha recibido crédito han surgido en las cercanías de eventos electorales (desde las primeras misiones sociales en el período previo al referéndum de 2004, hasta la Gran Misión Vivienda Venezuela que acompañó la campaña presidencial de 2012 o el “Dakazo” a fines de 2013) y los empresarios, empleados y contratistas reciben su tajada solo si pueden probar su apoyo al “proceso”, listas Tascon y Maisanta mediante. A pesar de la importancia que se atribuye a la participación popular, de la creación de consejos comunales y otros mecanismos para incentivarla, en realidad el papel de los sectores populares no ha cambiado de forma sustantiva.

Durante el 2013 ya se ha hecho evidente el enorme costo que ha resultado de las políticas económicas aplicadas hasta el presente: escasez, inflación, déficit fiscal, baja producción nacional… Frente a ello, el gobierno ha empezado a aplicar medidas que permitan organizar aunque sea un poco las malogradas cuentas fiscales, como la devaluación del tipo de cambio (pasando la mayor parte de los rubros a la tasa SICAD), el incremento del precio de la gasolina… y las que seguro vendrán durante 2014. Pero estas medidas no son un paquete de ajuste económico, porque este no es un gobierno neoliberal salvaje, sino uno socialista y bolivariano. Sobre todo, este conjunto de medidas ocurrirá justo durante un largo período sin elecciones, para lo que ha sido costumbre durante los últimos 14 años. Por ello, es difícil imaginar que algún sector del gobierno esté preocupado por el efecto social de las nuevas medidas económicas. La pobreza y la desigualdad dejarán de mejorar, incluso empeorarán. Sin embargo, el eventual descontento no será importante hasta 2015, cuando se acerquen las elecciones parlamentarias. Hasta entonces, ¿dónde quedarán la gente y sus problemas? ¿Quién se ocupará de la agenda de ese pueblo, en teoría protagonista de la revolución bonita?