viernes, 16 de diciembre de 2011

Sobre las nuevas misiones sociales

En los últimos días ha habido un intenso debate en las redes sociales por los recientes anuncios sobre el inicio de nuevos programas sociales de subsidio directo. Las vehementes reacciones del público en general cuestionando las medidas me han obligado a buscar información oficial sobre los programas y tratar de mirar el asunto más allá de la polarización que tanto nos limita. Aquí mi humilde contribución.

Es incuestionable la intencionalidad política de las medidas anunciadas. Tal como ocurrió cuando se acercaba el referéndum revocatorio, el gobierno nacional utiliza la miseria y la esperanza de muchos como estrategia para ganarse (o no perder) a una porción del electorado. Hasta aquí mi acuerdo con las opiniones generalizadas.
Antes de hablar en concreto sobre los programas voy a permitirme una pequeña digresión histórica. Las grandes penurias de las masas trabajadoras del siglo XIX con el inicio de la revolución industrial, descritas tanto por la literatura como por el pensamiento social y político de la época fueron producto de la brusca finalización de los mecanismos de solidaridad tradicionales que garantizaban la subsistencia fuera del mercado: producción para el autoconsumo, explotación de tierras comunales, gremios, relación de los siervos con sus señores, entre muchas otras. Los trabajadores ahora asalariados se veían imposibilitados de garantizar su manutención frente a las incertidumbres o avatares del mercado; es decir, en casos de desempleo, enfermedad, vejez.
La construcción del Estado del Bienestar durante el siglo XX significó una creciente desmercantilización del ingreso del trabajador. Así, la legislación laboral y los seguros sociales se constituyeron en la forma de mantener el ingreso para aquellos que legítimamente no trabajan: pensionados por vejez o invalidez, trabajadores con reposo médico o postnatal y, en algunos países, incluso los desempleados. El éxito de estos sistemas suponía el pleno empleo; todos los que están en edad de trabajar encuentran un empleo acorde con sus credenciales y experiencia y así contribuyen con su aporte al financiamiento del sistema. De forma que en cualquier economía desarrollada una proporción importante de la población cuenta con un ingreso aún cuando no trabaje; más aún, la población trabajadora tiene ingresos durante todo el año aunque trabaje solo 10 u 11 meses, el resto son sus vacaciones.
El envejecimiento de la población europea junto con la actual recesión económica cuestionan la viabilidad de este modelo. Pero en el caso de los países latinoamericanos y Venezuela, el problema es mayor porque nunca se cumplió el supuesto del pleno empleo. Los conceptos de marginalidad y exclusión que han sido reiteradamente utilizados por los científicos sociales de la región dan cuenta no sólo de una realidad del espacio urbano (los asentamientos en los márgenes de las grandes ciudades), también de los límites del mercado y el estado para incluir a toda la población de estas naciones. Nuestro problema, entonces, es la población que no recibió los servicios públicos de educación y salud, entre otros, y en gran medida por ello está fuera de la economía formal. Esta población no disfruta ninguno de los derechos que establece la legislación laboral (reposos médicos, vacaciones, prestaciones sociales, jubilación) ni contribuye a financiar los costos del sistema.
Los programas sociales focalizados se ocupan precisamente de la inclusión de estos grupos: cómo apoyar a esta población especialmente vulnerable para que pueda insertarse con éxito en el mercado de trabajo. Subsidios directos, capacitación para el trabajo, incentivos para creación de microempresas, son estrategias ampliamente utilizadas en América Latina para impulsar el desarrollo de la población más pobre. Así que lo planteado por estas misiones no es novedad, ni siquiera en Venezuela: ya han existido subsidios directos a las familias por niños en edad escolar, apoyo a mujeres embarazadas o en período de lactancia como la beca alimentaria o el PAMI de los años 90. Las principales diferencias con esos programas previos tienen que ver con la aparente ausencia de compromisos por parte del beneficiario o que no hay claridad sobre la temporalidad de la asignación. Por supuesto, hay además dudas razonables sobre la eficiencia y transparencia de la gestión, visto el proverbial desastre en que se ha convertido nuestra administración pública nacional.
En cuanto al salario mínimo para la población reclusa, según declaraciones de la ONG Una ventana a la libertad, el anuncio de la Ministra Varela sobre el pago de un salario mínimo a los reclusos que trabajen tampoco es novedad, ya estaba previsto en la Ley de Régimen Penitenciario de 1981 y no ha sido aplicado hasta la fecha. El desafío es crear puestos de trabajo dentro de las cárceles, sin lo cual la medida carecería de impacto real.
A mí me resulta de interés el cambio en el discurso con el que se presentan estas nuevas misiones. Si recuerdan, en las primeras misiones educativas no aparecía en ningún anuncio la palabra “pobre”. Ahora la Gran Misión Hijos de Venezuela establece explícitamente que sus destinatarios son las personas en situación de pobreza. Me parece que esto tendrá algún impacto en la percepción y aceptación dentro de la población: no es lo mismo ir a registrarse para ser considerado “lancero” o “vencedor” (nombres que se daba a los beneficiarios de las primeras misiones educativas), que para ser contado entre los pobres. La pertenencia al programa creo que pierde así su identidad reivindicativa.
Por último sólo me queda decir que me asusta la virulencia en las opiniones de quienes han criticado estos programas. No nos parece mal que un general, un funcionario público o un profesor universitario se jubilen, digamos a los 55, y pasen los próximos 25 o 30 años cobrando un sueldo bastante mayor al mínimo sin trabajar (o peor aún, mientras trabajan en otra cosa por la que también cobran) pero nos parece inmoral que una mujer pobre con tres hijos reciba un subsidio que es menos de lo que gastamos en el mercado para una semana. Esas mujeres y sus hijos son la mayoría, ¿quién las convence de votar por una élite que piensa así?

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