Esta semana
la Asamblea Nacional tiene la tarea de revisar el decreto de emergencia
económica elaborado por el Ejecutivo Nacional, puesto que tiene la atribución
de aprobarlo. La grave situación salta a la vista: déficit externo causado por la
caída en los precios del petróleo, más una importante crisis interna en
producción, abastecimiento y caída del poder adquisitivo de la población causado
por la inflación. La situación en ambos aspectos ha ido agravándose sin que se
tomaran medidas para corregir los desequilibrios, aunque el gobierno contaba
con amplia mayoría parlamentaria hasta hace solo unas semanas y, además, con
una Ley Habilitante que permitía la toma de decisiones al Presidente sin tener
que pasar por negociaciones y consensos.
Más allá de
discutir las motivaciones de diversa índole por las cuales el Presidente eligió
esta vía para manejar la crisis, un importante cuestionamiento tiene que ver
con la información económica y social necesaria para poder actuar en medio de
la presente turbulencia. Aun cuando hay, por fin, datos de inflación de 2015,
son parciales: no llegan hasta el final del año. No hay claridad con los montos
de deuda; interna y externa, pública y privada. Parte de los recursos de la
nación se manejan fuera de los controles presupuestarios, así que es difícil
estimar la magnitud real del déficit en las diversas áreas de la gestión
pública. Estos son los temas de los economistas, a los que muy probablemente la
Asamblea dará gran énfasis para tomar decisiones sobre el decreto.
Sin embargo,
la opacidad es aun mayor en temas sociales. En las calles el descontento crece
exponencialmente ante el alto costo de la vida, las colas, el desabastecimiento
y ante las crecientes dificultades del ciudadano común para atender sus
problemas de salud. No tenemos cifras oficiales de pobreza por ingreso desde fines
de 2013; el portal del Sistema de Indicadores Sociales de Venezuela (SISOV)
tiene más de una semana fuera de línea; son escasos los datos sobre inseguridad
y sobre el Poder Judicial (el último Informe Anual del TSJ es de 2011); han
dejado de publicarse los Boletines Epidemiológicos desde fines de 2014. Aunque
nuestra población padece los efectos de una crisis social sin precedentes por
la multiplicidad de dimensiones que incluye, carecemos de datos oportunos y
suficientes que permitan atender con celeridad a los grupos en mayor riesgo.
Es como
tratar de emprender un viaje sin saber dónde estás y hacia dónde queda el
norte.
Lo social,
como suele suceder, parece lo menos atendido en esta crisis. Si bien el decreto
menciona la política social y las misiones, no se plantean iniciativas
concretas orientadas a proteger a los más vulnerables frente a la ausencia de
alimentos o medicinas. Y esta situación ciertamente requiere actuaciones de
emergencia para evitar sus efectos a largo plazo.
(*) Publicado en la columna Acuerdo Social de Últimas Noticias, Domingo 24 de Enero de 2016.
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