lunes, 25 de enero de 2016

En emergencia (y a ciegas)



Esta semana la Asamblea Nacional tiene la tarea de revisar el decreto de emergencia económica elaborado por el Ejecutivo Nacional, puesto que tiene la atribución de aprobarlo. La grave situación salta a la vista: déficit externo causado por la caída en los precios del petróleo, más una importante crisis interna en producción, abastecimiento y caída del poder adquisitivo de la población causado por la inflación. La situación en ambos aspectos ha ido agravándose sin que se tomaran medidas para corregir los desequilibrios, aunque el gobierno contaba con amplia mayoría parlamentaria hasta hace solo unas semanas y, además, con una Ley Habilitante que permitía la toma de decisiones al Presidente sin tener que pasar por negociaciones y consensos.

Más allá de discutir las motivaciones de diversa índole por las cuales el Presidente eligió esta vía para manejar la crisis, un importante cuestionamiento tiene que ver con la información económica y social necesaria para poder actuar en medio de la presente turbulencia. Aun cuando hay, por fin, datos de inflación de 2015, son parciales: no llegan hasta el final del año. No hay claridad con los montos de deuda; interna y externa, pública y privada. Parte de los recursos de la nación se manejan fuera de los controles presupuestarios, así que es difícil estimar la magnitud real del déficit en las diversas áreas de la gestión pública. Estos son los temas de los economistas, a los que muy probablemente la Asamblea dará gran énfasis para tomar decisiones sobre el decreto.
Sin embargo, la opacidad es aun mayor en temas sociales. En las calles el descontento crece exponencialmente ante el alto costo de la vida, las colas, el desabastecimiento y ante las crecientes dificultades del ciudadano común para atender sus problemas de salud. No tenemos cifras oficiales de pobreza por ingreso desde fines de 2013; el portal del Sistema de Indicadores Sociales de Venezuela (SISOV) tiene más de una semana fuera de línea; son escasos los datos sobre inseguridad y sobre el Poder Judicial (el último Informe Anual del TSJ es de 2011); han dejado de publicarse los Boletines Epidemiológicos desde fines de 2014. Aunque nuestra población padece los efectos de una crisis social sin precedentes por la multiplicidad de dimensiones que incluye, carecemos de datos oportunos y suficientes que permitan atender con celeridad a los grupos en mayor riesgo.
Es como tratar de emprender un viaje sin saber dónde estás y hacia dónde queda el norte.
Lo social, como suele suceder, parece lo menos atendido en esta crisis. Si bien el decreto menciona la política social y las misiones, no se plantean iniciativas concretas orientadas a proteger a los más vulnerables frente a la ausencia de alimentos o medicinas. Y esta situación ciertamente requiere actuaciones de emergencia para evitar sus efectos a largo plazo.
(*) Publicado en la columna Acuerdo Social de Últimas Noticias, Domingo 24 de Enero de 2016.

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