Después de un par de meses de espera, el ajuste económico ya
está en marcha: con la creación del SIMADI, se ha oficializado una drástica
devaluación del bolívar, se aprobó un 40% de incremento en el transporte
público y ya se ha anunciado un inminente aumento del precio de la gasolina.
Sin duda, atender los desequilibrios económicos es una tarea impostergable; sin
embargo, hasta el momento las medidas adoptadas solo atenderán (y parcialmente)
el déficit fiscal. Las causas de la inflación y escasez que padecen día a día
los venezolanos siguen presentes, mientras se mantengan el control de precios y
de cambios que desestimulan la producción nacional y favorecen únicamente a los
privilegiados que logran acceder a dólares subsidiados.
¿Cómo afectan a la población venezolana estas medidas? La
situación social venezolana muestra signos de estar empeorando incluso a partir
de las cifras oficiales: ya en 2013 se evidenciaba un incremento de la pobreza
de ingresos a partir de las estadísticas del INE y el Panorama Social de
América Latina 2014 de CEPAL muestra, además, que Venezuela es el único país de
la región que ha visto empeorar este indicador en el período analizado. Y si
bien aun no contamos con datos oficiales de pobreza para 2014, los resultados
de la Encuesta de Condiciones de Vida realizada por investigadores de tres
universidades (UCAB, UCV y USB) muestran que la situación social del país ha
desmejorado de forma drástica, y los logros obtenidos en los últimos años
parecen haber desaparecido en el contexto inflacionario que vivimos.
Adicionalmente, la baja cobertura que reportan las misiones dificulta que se
cuente con mecanismos eficaces de protección para los más vulnerables ante el
ajuste necesario.
¿Quién se ocupa, entonces, de los problemas de la gente?
Frente al constante incremento de los precios, la escasez de alimentos,
medicinas y otros bienes de primera necesidad, las colas y diversas formas de
racionamiento que comienzan a aparecer, el ciudadano común se encuentra
desvalido. Las nuevas formas de participación que impulsó el gobierno nacional,
aunque dan ilusión de protagonismo, no son organizaciones autónomas y con
capacidad de defender los intereses de la ciudadanía. Organizaciones tradicionales
como sindicatos, gremios y asociaciones civiles han sufrido los embates de un
estado centralista y autoritario por lo que muchas de ellas han perdido
capacidad de acción. Los partidos políticos también se han visto debilitados en
un contexto de alta polarización y grosero ventajismo del partido de gobierno.
En este contexto de graves penurias para nuestro pueblo,
carecemos de canales eficaces para que se oiga su voz, para que las políticas
se vean obligadas a atender las necesidades reales de la gente. Por ello, la
organización de todo tipo es tarea imprescindible para construir ese país
próspero y equitativo que todos queremos.
(*) Publicado el domingo 22/02/2015 en la Columna "Acuerdo Social" del diario Últimas Noticias
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